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BOLIVIA: NUEVA MARCHA INDÍGENA POR MÁS PARTICIPACIÓN Y ESPACIOS DE DECISIÓN

Fecha de publicación: 06/07/2010

Fuente: uap cipca

Digan lo que digan algunos personeros del gobierno la Marcha es justa y sus demandas deberian ser atendidas por el "gobierno indigena". JALLALLA PUEBLOS INDIGENAS DEL ORIENTE AMAZONICO Y CHAQUEÑO !!

Bolivia, nueva Marcha Indígena.-
(Escrito por Lorenzo Soliz y Claudia Vedia Pacheco)

Se inició la segunda semana de la VII Marcha Indígena "Por el Territorio,
la Autonomía y la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas"
protagonizada por la CIDOB, que partió desde Trinidad el 23 de junio. El
país ha estado expectante y se han realizado análisis desde diversos
ángulos y perspectivas sobre la misma, y las instituciones de la sociedad
civil han tenido diferentes reacciones. Aquí nos referimos a los
siguientes aspectos:

1. Nuevas formas de relación gobierno-organizaciones indígenas.
Algunos analistas ven en la marcha indígena de la CIDOB una nueva forma de
relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales; consideran,
equivocadamente, que las organizaciones campesinas indígenas estuvieron
sujetas a él, y el inicio de esta marcha sería, por tanto, el rompimiento
de la alianza entre el gobierno y las organizaciones sociales.
Otros, buscan aprovechar esta marcha para intentar llevar las aguas a su
molino: sectorial, regional o político, incluso personal. Por su parte, el
Gobierno, también erróneamente, considera que este movimiento es creado
por actores externos: ONGs, oposición, entre otros.
Para quienes consideran que las organizaciones campesinas indígenas son en
cierto modo iguales y en general aliadas del gobierno nacional, es
necesario entender que hay organizaciones (CSUTCB, CNMCIO-BS y
Organizaciones Interculturales) que reconocen en sus estatutos orgánicos
al MAS como su instrumento político –lo cual es totalmente legítimo- y por
convicción están respaldando al Gobierno y lo seguirán haciendo en el
futuro; otras organizaciones tienen sus propios instrumentos políticos:
PASO, MOP, entre otros, aunque su alcance es sólo local. Pero también hay
otras organizaciones, como la CIDOB, que no tienen instrumento político;
por ello, no dudan en discrepar ni protestar contra medidas que consideran
injustas, ni renuncian a sus reivindicaciones y demandas, como es el caso
ahora.
Por tanto, no debe sorprender que pese a tener alianzas con el gobierno,
estas organizaciones reaccionen en defensa de lo que consideran justo para
su sector -como ya lo han hecho por ejemplo el año pasado por la
asignación de escaños indígenas en la Ley Electoral Transitoria o contra
la construcción de represas sobre el río Madera. Y no se las puede tildar
de estar en contra del proceso de cambio; como se sabe, ellas han sido,
sin ser las únicas, actoras principales que han posicionado en el debate
nacional, con su IV Marcha del 2002, la demanda de Asamblea Constituyente
y la necesidad de elaborar una nueva Constitución; aspectos estos que
están contribuyendo a los cambios y transformaciones estructurales que el
país –no sólo el gobierno, ni sólo el partido en función de gobierno- está
logrando en estos últimos años.
Como dignamente manifestaba un dirigente del TIPNIS en plena marcha: “Yo
quiero decirle a la opinión pública y al mismo Presidente Juan Evo Morales
que hemos venido apoyándolo y seguimos apoyándolo hasta ahora, eso no
quiere decir que vamos en contra del Presidente… nosotros vamos por una
causa justa y lo que menciona que hay injerencia de organismos
internacionales no es verdad…. aquí el trabajo del proceso de cambio no es
el trabajo del MAS o del presidente Evo Morales, es un trabajo de todos
los sectores sociales especialmente de los pueblos indígenas”.
Ojalá esta marcha también ayude –a quienes sostienen que no existe
sociedad civil, porque al acceder las organizaciones sociales a espacios
de poder ya serían Estado- a comprender que la sociedad civil sí existe,
se expresa, protesta, propone y marcha. Que al reivindicar sus demandas y
propuesta no está contra el Estado, con afanes desestabilizadores o, peor
aún, en “las filas de la oposición”.

2. División de las organizaciones indígenas?
Cuando se supo que la APG y la CPESC negociaban con el gobierno y que no
marcharían con la CIDOB, se mostraron sonrientes quienes quieren ver
dividido al movimiento indígena. Sin embargo, la CPESC se incorporó a la
VII Marcha Indígena y, en verdad, los temas negociados por la APG no son
de beneficio sólo de ella sino de todas las TCOs de tierras bajas y altas.
Y es que las TCOs, que son propiedad colectiva, al convertirse en
Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) corrían el riesgo se
convertirse en algo así como “territorio libre”, expuesta y a merced de
intereses de particulares, no sólo campesinos sino una diversidad de
sujetos que no tienen nada que ver con las comunidades indígenas que
demandaron dicho territorio. Esto no sólo es un riesgo potencial sino ya
es un hecho en algunos territorios indígenas o en tierras comunales
tituladas colectivamente; advenedizos –muchos de ellos vinculados con
empresas- través de diferentes mecanismos se van “haciendo comunarios” con
el único propósito de aprovechar los recursos naturales como la tierra,
los recursos no maderables del bosque –castaña, cacao, plantas
medicinales, palmito, etc.-, maderas, recursos de caza y pesca, zonas de
pastoreo, etc., sobre todo en tierras bajas y la amazonía. Por eso, a
nuestro entender, el acuerdo de la APG con el gobierno para que sean las
comunidades indígenas que las demandaron las únicas titulares del derecho
propietario colectivo, es una salvaguarda para todas las TCOs y una
contribución a las organizaciones indígenas.
Empero, no se puede desconocer que las tensiones generadas por
posicionamientos en torno a la Marcha están afectando internamente a
algunas de las organizaciones, como la CPIB.
Con todo, estas situaciones de tensión y cierta desarticulación de las
organizaciones indígenas no es la primera vez que ocurre, ya en años
anteriores la misma CIDOB tuvo crisis y riesgo de paralelismo, que lo supo
manejar y superar. Consideramos que ahora también estará en condiciones de
superar este eventual impasse.

3. Las demandas indígenas
Son varias las demandas que motivan la Marcha de los pueblos indígenas,
nos referiremos a algunas de ellas:

El derecho a consulta, como se sabe, está incluido en el Convenio 169 de
la OIT (Ley 1257) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas (Ley 3760). Consideramos que no tiene
pertinencia siquiera el considerar o re-considerar este tema que en
Bolivia está constitucionalizado. Entre los derechos de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos reconocidos por la Constitución,
está el derecho a la consulta. El Art. 30, parágrafo II, punto 15 se
indica que tienen el derecho: “A ser consultados mediante procedimientos
apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa
obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a
la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio
que habitan”. Asimismo, a participar de los beneficios de la explotación
de los recursos naturales en sus territorios y al uso y aprovechamiento
exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio
sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.
Igualmente en el Artículo 304, parágrafo I, la competencia exclusiva 21
indica “Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta
previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas
legislativas [la Ley de Régimen Electoral, por ejemplo, les afecta],
ejecutivas y administrativas que los afecten”.
Finalmente, en el Artículo 403. I. “Se reconoce la integralidad del
territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la
tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales
renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta
previa e informada y a la participación en los beneficios por la
explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en
sus territorios…”
Entonces, ¿qué más se requiere para proceder con la consulta en los temas
y aspectos que afectan a los pueblos indígenas?
Antes que este tema esté constitucionalizado, ya hubo experiencias de
pueblos indígenas que han logrado llegar a acuerdos por ejemplo con
empresas privadas que tienen actividades económicas en territorios
indígenas. Un caso conocido es el de las organizaciones guaraníes, que
tuvieron que interrumpir en los años 2000-2005 la actividad petrolera en
sus territorios y ejercer su derecho a la consulta y participación en las
decisiones que afectan a sus territorios y en el monitoreo socio ambiental
indígena (Heredia, 2004).
Entonces, no debiera haber duda para el ejercicio del derecho de consulta
cuando se trate de actividades que comprometen los territorios indígenas o
para tomar medidas legislativas que se pretenden aprobar en la Asamblea
Legislativa; simplemente se debe cumplir con lo dispuesto por la
Constitución.
No hay verdadera autonomía sin recursos económicos. Es también una demanda
de las organizaciones indígenas que el Gobierno asegure recursos
económicos para las autonomías, sobre todo las indígenas. Obviamente
asignar competencias, roles y funciones implica la asignación o
reasignación de recursos públicos para la implementación del proceso
autonómico. Este tema no es nuevo, ya hace rato que se planteó la
necesidad de llevar a cabo un nuevo pacto fiscal, pero no parece haber
suficiente interés en ello porque es más fácil echar para adelante los
problemas, que resolverlos ahora. En algún momento, será inevitable este
nuevo pacto fiscal y es mejor trabajar en ello ahora que postergar para un
futuro incierto, lo que podría dificultar la construcción de la
institucionalidad de las nacientes autonomías.

Autonomías trascendiendo límites departamentales. Recuérdese que las
demandas de autonomía regional (Norte amazónico, norte de Potosí, Chaco)
se sustentaban precisamente en que la división político-administrativa no
era adecuada ni funcional. Incluso con la Participación Popular se han
constituido muchas mancomunidades y que funcionan hasta ahora (MANCHACO,
MAMUNAB, El Caine, entre otros) como una respuesta a este problema de
disfuncionalidad de la división político-administrativo en el país. El
Artículo 280 de la Constitución establece que las autonomías regionales no
pueden trascender los límites departamentales, y no se dice nada explícito
de la autonomía indígena sobre límites departamentales. Es más, el
Artículo 290. I, indica: “La conformación de la autonomía indígena
originario campesina se basa en los territorios ancestrales, actualmente
habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población,
expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley”. Por tanto
si un pueblo indígena -como por ejemplo el pueblo guaraní que abarca
espacios de tres departamentos-, pretende conformar una autonomía indígena
originaria no parece estar yendo contra la Constitución. De todas maneras,
si ese planteamiento estuviese al margen de la Constitución, seguiría
siendo una demanda legítima; empero, no se lo debe plantear al Ministerio
de Autonomías porque no tiene competencia para ello, sino a la Asamblea
Plurinacional, y según los mecanismos de modificación que prevé la misma
carta magna.

¿Estatutos por normas y procedimientos propios o por referéndum? Otra de
las demandas de las organizaciones indígenas que marchan es que la
aprobación de los estatutos autonómicos se realice por normas y
procedimientos propios y no por referéndum. Este tema es más complejo y
tiene varias aristas. Partimos de la constatación que la mayoría de los
territorios indígenas y TCOs son multiculturales –ciertamente también con
terceros ganaderos o grandes propietarios de la tierra en medio, en
algunos casos- y más bien son pocos los que no son multiculturales.
Incluso en algunas de ellas existen centros poblados. Entonces ¿cómo
plantearse una autonomía indígena sin considerar esta composición
multicultural? Pero por otro lado, la duda, incertidumbre o riesgo que los
pueblos indígenas queden nuevamente relegados en su propio territorio, es
real.
Probablemente este tema está planteando que los espacios territoriales
indígenas multiculturales son espacios donde se pueden encontrar o
colisionar las tres formas de democracia establecidas en la nueva
Constitución: representativa, participativa o directa y comunitaria. El
reto entonces es cómo combinar adecuadamente los derechos colectivos de
unos con los derechos individuales de otros siempre en procura de
fortalecer la democracia, la convivencia intercultural y evitando
discriminaciones de todo tipo.
Estas dificultades y tensiones ratifican que la implementación de las
autonomías en el país es, debe ser, un proceso de construcción colectiva y
no de imposición de unos u otros. Por eso en unos casos podrá ser mediante
normas y procedimientos propios y en otros mediante referéndum.

Escaños indígenas en la Ley Electoral. Siempre pueden presentarse
argumentos en la Asamblea Legislativa para ampliar o restringir la
cantidad de escaños a los pueblos indígenas en condición minoritaria. Como
se sabe, la CIDOB demandó el año pasado 18 escaños indígenas en el marco
de la Ley Transitoria Electoral, que fueron rechazados por el Parlamento
de entonces; el partido de gobierno propuso 14 escaños, finalmente la
tozudez de la oposición de entonces pudo más que el oficialismo y logró
otorgarle 7 escaños para las elecciones de diciembre pasado. Hoy en un
contexto totalmente distinto y con una mayoría de dos tercios el partido
de gobierno -pese a que había comprometido revisar este número cuando se
esté elaborando la Ley- ratifica los siete escaños; consideramos que por
lo menos por coherencia con su propuesta del año pasado debiera abrir el
debate acerca de este tema. El planteamiento de ampliar el número de
escaños indígenas es pertinente y necesario. Se han sugerido varias
alternativas: once, catorce… pero mantener el número actual es mezquino y
discriminante.

Tierras fiscales para pueblos indígenas. Otra de las demandas de la marcha
es “la inmediata reversión y expropiación de tierras y la dotación de
tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas del lugar, que no tienen
tierra y los que las tienen insuficientemente”.
Como ya dijimos en otro artículo (Cipcanotas, julio 2009), efectivamente
se debe atender –como dice la Ley 3545, y se puede ratificar en la futura
nueva Ley de Tierras- primero las necesidades de los pueblos indígenas y
campesinos del lugar; pero también se debe atender la demanda y las
necesidades de familias originarias, campesinas o indígenas de otras
regiones del país.
Como establece el artículo 395 de la Constitución: “Las tierras fiscales
serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades
interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que
no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política
estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a
las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas...” Es
más, según el artículo 402 de la Constitución, el Estado tiene la
obligación de “Fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una
racional distribución demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra
y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades de
acceso a la educación, salud, seguridad alimentaría y producción, en el
marco del Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del medio
ambiente”. Obviamente, dichos asentamientos humanos deben garantizar la
sostenibilidad social, ambiental y económica del medio.
Sin embargo, consideramos que las tierras fiscales y su distribución son
una parte de la problemática, el tema principal es, o debiera ser,
superar la persistencia del latifundio y la inequitativa distribución de
la tierra en Bolivia, tema que seguirá presentando los mayores retos al
actual gobierno.

(*) Lorenzo Soliz es Director General de CIPCA y Claudia Vedia Pacheco es
Comunicadora CIPCA y miembro del equipo de la Unidad de Acción Política
(UAP)