Aduanas y corrupción pública

Fuente: Andrés Soliz Rada

No hay más ciego que aquel que no quiere ver. En innumerables ocasiones, desde estas páginas, se alertó sobre síntomas clarísimos de corrupción en la Aduana Nacional (AN). Los cuatro primeros años del gobierno de Evo Morales la AN se condujo casi exactamente (¿o peor?) que durante los regímenes neoliberales.

¿A qué manos fueron a parar los varios millones de dólares ilegalmente recaudados desde los tristemente célebres puestos fronterizos de Tambo Quemado, Pisiga, Puerto Suárez o Charaña? Se ha denunciado, en fuentes oficiales nada menos, que la corrupción aduanera se lleva varias centenas de millones de dólares anuales. ¿Puede suceder eso sin la venia, complicidad o, en su caso, negligencia dolosa de autoridades políticas superiores?

¿Por qué recién ahora se dispuso la intervención de la AN y no cuando se denunciaron hechos irregulares que involucraron a un ex ministro de la máxima confianza palaciega?

La nueva autoridad aduanera ha empezado con mano dura. Bien por ella y por el propio gobierno. Esperemos que esa decisión no se diluya cuando se trate de investigar si existieron o no flujos de recursos mal habidos hacia autoridades palaciegas. Al menos ha demostrado, o intenta hacerlo, que para combatir la corrupción pública no es necesario tener previamente aprobada la mil veces anunciada pero nunca sancionada Ley de Investigación de Fortunas.

La aparentemente inminente aprobación de esta Ley debiera dar lugar a un rápido estreno en casa. Hay varios candidatos de este gobierno para ello. Ex funcionarios de la administradora boliviana de carreteras, donde se cuecen también habas millonarias (no nos extrañaría que cualquier momento exploten nuevos escándalos, esta vez vinculados a ex candidatos oficialistas cercanas también al Palacio) debieran someterse a su examen. Los encargados de la creación de algunas de las empresas estatales como Papelbol o Cartonbol, por ejemplo, podrían ser verdaderas cajitas de sorpresas.

Un dirigente de uno de los movimientos sociales allegados al MAS, como los denominados Sin Tierra, ha hecho pública una grave amenaza contra la investidura del mismísimo vicepresidente, a quien sindica de ser responsable de el envío de sobres bomba dirigidos a un dirigente sindical y a un empresario constructor de dudosa reputación. El expediente fácil fue encarcelar al denunciante, en vez de ahondar e investigar su denuncia. ¿Pretenden acallarlo apabullándolo con el ejercicio cuasi abusivo de poder? ¿Será realmente casual que el mismo día se remitan bombas a esas personas y, a la vez, se haga abstracción a síntomas graves de corrupción en el sector caminero controlado por una allegada al vicepresidente?

Comibol no parece ser ajena a la corrupción. Un ex directivo de esa empresa estratégica, nombrado por el actual gobierno el año 2006, denunció con documentos en mano graves hechos de presunta corrupción. La respuesta fue el silencio. Ninguna autoridad responde ni se da por aludida.

El presidente - él - parece estar decidido a atacar la corrupción pública que ha virtualmente tomado casi todas las dependencias del Estado. Sus graves síntomas ya eran demasiado visibles a fines de su mandato anterior. Amenazan con hacer fracasar su proyecto de cambio, al igual que en Venezuela la corrupción e incapacidad virtualmente se devoró a la revolución bolivariana.

Si hay corrupción no habrá industrialización y, consiguientemente, se aplazará cualquier esperanza de cambio efectivo a favor de la mayoritaria población boliviana. Si a eso le añadimos que, pese a que el propio presidente anunció el 22 de enero pasado, que Bolivia dejó de ser un país mendigo, para, ayer, anunciar la aceptación de una donación de 300 mil euros de España, destinados a "fortalecer" a sectores indígenas, se volverá a andar por las peligrosas aguas de la disgregación nacional, que busca "fortalecer" las diferencias internas, en vez de nuclearnos en nuestra diversidad. Corrupción, mendicidad atentan contra la unidad del país.